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Papel Prensa: acá hay felino encerrado
El escenario de las relaciones entre la prensa y el gobierno argentino en torno a las circunstancias un tanto irregulares en que los diarios Clarín, La Nación y La Razón adquirieron la mayor parte de las acciones de Papel Prensa parece más sencilla desde la visión de los medios involucrados, a partir de la cual quedamos con la impresión de que el gobierno montó una farsa en su arremetida por controlar a la prensa “libre” e “independiente” y que la denuncia es comprobadamente falsa: Isidoro Graiver salió a desmentir a través de una solicitada que la venta de Papel Prensa haya tenido relación entre el secuestro y la tortura que sufrieron los miembros de la familia, dejando en ridículo a la presidenta Cristina Fernández.
Ya está, caso cerrado. Todo formó parte de una estrategia de “chavización” de la política argentina para sojuzgar a la única prensa posible, la única prensa “independiente”. Después, todo el resto, los que no se ajusten a sus paradigmas absolutos son “oficialistas” corruptos, adictos, cautivos y asalariados del gobierno.
Sin embargo, las cosas se complican luego de leer Página/12, adquiriendo el caso profusas perspectivas misteriosas, ideales para un Auguste Dupin. Allí se pueden leer declaraciones de Lidia Papaleo viuda de Graiver, en las que afirma que sí fue coaccionada a finiquitar la venta de Papel Prensa bajo amenazas de parte de Héctor Magnetto, alto directivo del Grupo Clarín. Si en verdad dichos documentos son auténticos, cómo es posible que la prensa “independiente” llegue a un grado tal de distorsión de la realidad o, en caso contrario, si los documentos brindados por Página/12 son ilegítimos por qué las personas a quienes se atribuyen las declaraciones aludidas no salieron a desmentir tales dichos, teniendo para este fin toda la maquinaria de los diarios de mayor circulación, que además manejan internet, radios, canales de cable y de aire, concentrando prácticamente la mayor parte de la actividad comunicativa. Sin embargo, nada al respecto, más allá de salir a decir un día que la viuda de Graiver contradijo la versión del Gobierno, y al ratificarse aquella evadir la cuestión señalando que está instrumentada, sin ofrecer respaldo a las descalificaciones proferidas contra una víctima de la dictadura.
Las denuncias son graves. Es lógico que Clarín y La Nación no hayan publicado esos documentos que los incriminan gravemente. Lo curioso es que hayan guardado silencio, intentando minimizar las pruebas hasta que todos lo olviden. Total, tienen las herramientas propagandísticas capaces de crear un supramundo cuyos elementos simbólicos sean más poderosos y capaces de configurar y condicionar la percepción directa.
En la edición de Página/12 del 27 de agosto de 2010 se reproducen las declaraciones de Lidia Papaleo:
“El
presente relato, comienza con la muerte de mi marido David Graiver, momento en
el que vivíamos junto con mi hija menor de edad María Sol, en México. A partir
de allí comencé a sufrir terribles presiones vinculadas a nuestros bienes,
entre los que se encontraba Papel Prensa SA (...).
En una
reunión social en México, en la hacienda del Señor Gabriel Alarcón (uno de los
más importantes hombres de negocios de dicho país), en presencia de la firmante
y de su propia familia aconseja lo siguiente en forma textual: ‘David, vendé
Papel Prensa porque te costará tu vida’. La firmante quedó sumamente
sorprendida y preocupada. De ello se desprende que éste fue el primer aviso que
tuve acerca de la problemática de tal empresa. A partir de la muerte de David
comencé a sufrir presiones que me llevó al convencimiento de que se acercaban
momentos muy duros pero no de la magnitud de los que después vivimos.
Ante ese panorama, y porque no tenía nada que
ocultar, retorné a la Argentina el 16 de septiembre de 1976, convencida que
ésta es mi tierra, el país de mi hija y que actuando con calma y asesoramiento
podría superar el mal trance. Nada más lejos de la realidad. Apenas instalada
en las oficinas centrales de las empresas, advertí que los reclamos eran
diversos, realizados en medio de un clima de crisis económica de las empresas y
al no haber participado de la actividad empresaria de David, no tenía
suficiente conocimiento ni capacidad comercial para manejar tantos frentes de
tormenta.
Inmersa en los acontecimientos descriptos, es cuando
los diarios Clarín, La Nación y La Razón comienzan a ejecutar un plan
destinado a apoderarse de las acciones de Papel Prensa SA, de las cuales mi esposo David era dueño en un porcentaje
importante que le permitía tener el control societario de la empresa (...).
Posteriormente el Sr. Francisco Manrique, que había
sido Ministro de Acción Social de la Nación y con el cual David trabajó como
Secretario General, convocó a mi cuñado Isidoro Graiver para decirle que sus
amigos de las Fuerzas Armadas, me recomendaban realizar esa venta, porque el
grupo Graiver era mal visto por las autoridades y que estaba siendo
investigado. En circunstancias en que concurrí a darle el pésame, por la muerte
de su esposa, me reiteró dicha sugerencia.
Dado los hechos que se vivían en ese país tomé conciencia que
las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí eran auténticos. En ese
estado de terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a
una reunión, en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de
la familia Graiver.
Encontrándonos en un amplio salón de reuniones, nos distribuyeron
separadamente, de modo tal que los padres de David por un lado, Isidoro con
Campos Carlés (quien invocaba ser apoderado de La Nación) por otro. color:black">Yo, con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde
coloquialmente me aseguró “firme o le costará la vida de su hija y la suya”.
No había chances.
En la mencionada reunión en La Nación se suscribe un
boleto de venta sobre el cual jamás pude opinar, ni sobre el precio ni sobre
los términos del mismo ni sobre la forma de pago, como tampoco ningún abogado
de mi parte pudo verlos antes. Lo tuve que firmar sin siquiera haberlo leído.
La forma de pago no
permitía ni siquiera pensar que se trató de una operación habitual en un
comercio, sólo pagaron 7000 dólares como primera entrega sobre un precio total
de 1.000.000 de dólares, destaco que ni siquiera era el 1 por ciento.
Todo el horror que fue mi vida después de mi
secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos
a la que fui sometida, no obstante deseo concluir con la presente reiterando
que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los
ojos de Magnetto en el momento en que amenazaba para que firmara.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152118-48869-2010-08-27.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152258-2010-08-30.html
Luego viene la cuestión cronológica. En la solicitada que ya mencionamos publicada en los diarios de mayor alcance, Isidoro Graiver, hermano del fallecido propietario de Papel Prensa, afirma que las operaciones de transferencia se realizaron en condiciones de plena libertad y sin presión alguna, apelando como prueba al espacio de cuatro meses entre el cierre de las operaciones y el secuestro de las personas involucradas con la empresa, que venía siendo investigada por presuntas relaciones de financiamiento a Montoneros, agrupación armada antigubernamental. Sin embargo, Tiempo Argentino publica unas declaraciones que hizo en junio de este hecho y posteriormente reproducidas en la televisión en la que el mismo afirma: “Clarín y La Nación nos humillaron, fue un afano”. Las incoherencias y contradicciones entre la curiosa rectificación de sus declaraciones iniciales y las últimas favorables a la legalidad –primeramente negada– de la compra de las acciones se convirtieron en lo que ahora se conoce como el “operativo valija”, ya que Graiver después de publicar la solicitada se fugó raudamente del país. Sin embargo, en la época del presidente Alfonsín se probó que los Graiver fueron despojados ilegítimamente de sus bienes, por lo que el Gobierno procede a indemnizarlos por los daños causados, con la orden de que el Ejecutivo prosiga con las investigaciones, que fueron interrumpidas con la ascensión de Carlos Menem, quedando la causa extinguida. Lo que en aquel momento se discutía era si los medios tuvieron participación en la apropiación ilegal de Papel Prensa o si fueron compradores de “buena fe”. No se estaba poniendo en cuestión la comprobada ilegalidad. Que ahora se pretenda legitimar lo comprobadamente viciado de nulidad es otra cosa.
El principal argumento de la defensa corporativa es que el secuestro y las torturas que sufrieran los Graiver ocurrieron cuatro meses después de la transferencia, y a pesar del poco tiempo que había pasado entre uno y otro pretenden desvincular los hechos. Pero según Lidia Papaleo, que estuvo más involucrada en el asunto por ser representante de la heredera principal, su hija menor de edad, el margen es más estrecho aún porque ella firma bajo presiones la “venta” el 9 de marzo de 1977 y el 14 ya fue secuestrada, con lo cual ambos hechos parecen estar íntimamente ligados y mucho más cercanos en el tiempo, quedando reducida la secuencia a solo cinco días.
Ahora bien, ¿por qué antes de encarcelar a los empresarios sospechosos de financiar a la guerrilla la Junta Militar se aseguró de que las operaciones de transferencia hayan finalizado por completo? Además poniendo condiciones específicas de que las acciones no debían ser vendidas a extranjeros ni a la colectividad judía, con lo cual la dictadura militar condicionaba y direccionaba fuertemente el rumbo de las “negociaciones”. Si la detención se hubiera efectuado con los activos aún en poder de los Graiver estas hubieran pasado a la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), dependencia que tomaba los bienes de los detenidos. Era voluntad de la Junta Militar, a la luz de sus propios antagonismos internos y lucha de intereses de sus partes, que la detención se realizara luego de que Papel Prensa terminara de formar parte del grupo empresarial periodístico a fin de que le fuera favorable en sus publicaciones y no denunciara las desapariciones y torturas del terrorismo de Estado. Al respecto, Irina Hauser cita al fiscal Ricardo Molinas en su artículo “La Junta lo decidió”
“Insólitamente,
la Junta asistió impávidamente al enajenamiento de todos los principales bienes
del grupo y recién después que ellos fueron transferidos, procedió a
detenerlos” e “intervenir los bienes” restantes. “En la práctica la Junta
militar ocultó todo lo referente a la vinculación Graiver-Montoneros hasta la
finalización de la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa” color:black"> (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152224-2010-08-29.html)
De hecho, en 1976 Clarín efectúa una ola de despidos importante de periodistas y funcionarios sospechosos, ya sea por su trayectoria política o sindical, argumentando el “desarrollo de actividades contrarias a la seguridad de Estado”, según refiere Horacio Verbitsky citando al ex periodista de Clarín Miguel Carlos Abasolo Etchemendigaray (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152223-48909-2010-08-29.html).
La propia SIP, a la que en su estado actual no considero ninguna referencia de la libertad de expresión, había manifestado en aquel tiempo su preocupación por la falta de independencia de los principales diarios, ya que dichas empresas eran socias comerciales de la dictadura y habían obtenido un generoso crédito para la fábrica de papel. Además, se dejaba constancia de la mayor preocupación de los diarios sobre la “seguridad de Estado” que sobre la libertad de expresión, ya que se colaboraba con el régimen militar al justificar la censura e invisibilizando los casos de secuestros y torturas:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/152223-48907-2010-08-29.html
Así se presenta el escenario: no solo con acciones de un medio de prensa en vista de congraciarse con una dictadura que le era afín en sus componentes ideológicos e intereses concretos, sino sobre todo un gobierno dictatorial que buscaba con afán congratularse con los medios para recibir su respaldo y su silencio respecto a los crímenes de lesa humanidad. Así también tenemos ejemplos similares en Paraguay de activa participación de algunos empresarios periodísticos en el marco represivo del Operativo Cóndor.
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