Democratizar la información
 
 
La Corte Suprema de la Argentina resolvió rechazar la medida cautelar de la Cámara Federal de Mendoza, a partir de la cual se había suspendido la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una posición similar adoptó la Cámara de Salta al rechazar otra medida de la misma naturaleza.
La ley de medios que ahora entra a legislar sobre la disposición del espectro radioeléctrico y la tenencia de licencias es el resultado final de un largo proceso que se inició con la inauguración de la era democrática sobre la necesidad de crear un nuevo marco legal que rigiera las telecomunicaciones en reemplazo del decreto 22285 de la dictadura. La suspensión se decretó a raíz de una presentación hecha por el diputado Enrique Thomas, del peronismo federal. El legislador había aducido irregularidades de forma en el proceso de discusión, que según entendió la Corte no bastaba para frenar la aplicación de la ley en todo el país y que no lo habilitaba a recurrir a los fueros judiciales para rever un debate que perdió en el Parlamento. Otro tanto hizo la diputada Zulema Daher, cuya presentación también fue anulada. 
Hay que recordar, por otro lado, que el texto final de la ley fue producto de una serie de foros que se realizaron en distintos puntos del país y luego en las dos cámaras del Congreso. Así también el día del debate recibió amplio respaldo de la sociedad civil, que apoyó y esperó la aprobación de la nueva legislación, de la misma manera que se movilizó en contra de la suspensión que se estableció a partir de los recursos arrimados a la justicia por políticos de la oposición que actuaron como activistas de los emporios multimediáticos.
La legitimidad que cobró la ley antimonopólica propuesta desde el Gobierno se fundamenta en gran parte en que abre cuotas de participación a la sociedad civil, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro (universidades, sindicatos, cooperativas, etc.) en el proceso comunicacional, algo que la ley de la dictadura reservaba como derecho exclusivo a las empresas multimediáticas y para lo cual desarrolló un plan de privatización de las señales quedando ellas como dominio exclusivo de las sociedades comerciales. Ahora con el nuevo marco legal la información asume la dimensión de bien social y público y no se restringe a la condición de mercancía cuyo flujo de circulación dependa de lo que los grandes medios con criterios comerciales consideren como “vendible” o conveniente a sus actividades mercantiles.
El punto más controvertido es lo que se refiere a la desinversión. Este mecanismo dispone que las empresas que acaparen o superen el promedio máximo establecido de propiedad de licencias tengan que desprenderse de algunos activos de tal manera que se sumen nuevos actores que ofrezcan una mayor diversidad de contenidos y representen a un segmento más amplio de la sociedad. Tal como están dispuestas las cosas por el orden concentrado y monopólico, la condición de sujeto comunicacional es ejercida prácticamente y de forma exclusiva por los agentes del capital mediático, que solamente representan la voz de su grupo socioeconómico.
Por ello esta ley democratiza la información y por ello también hay mucha resistencia de parte del establisment mediático, que ve claramente amenazada la hegemonía que ejerce a través de la imposición del discurso único. En efecto, el Grupo Clarín ya presentó una medida cautelar contra el artículo que se refiere al plazo para ajustarse a la cantidad límite de licencias por zona de cobertura. Esto a fin de evitar que un mismo grupo acapare todos los servicios y se prive al receptor de elegir al presentársele una ilusión de diversidad con variantes de lo mismo.
Por supuesto que este gran avance genera nuevos problemas que deben ser resueltos, tal como lo advirtió el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Alvaro Herrero, en un artículo publicado en Página 12: garantizar la independencia de los medios públicos de tal manera que estos no actúen como medios gubernamentales y trabajar por el derecho a la información del conjunto de la sociedad. Estas dificultades, en cambio, no anulan la necesidad de desmonopolizar el ejercicio de la palabra, un derecho democrático y de ningún modo una prerrogativa empresarial o estatal.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sienta un importante precedente en este sentido.